El Estado —en sus tres niveles: federal, local y municipal— tiene la obligación de ofrecer medios y servicios de justicia alternativa
03 de Febrero de 2018
La realidad mexicana muestra que la violencia y los conflictos sociales son factores que detienen el desarrollo nacional y representan una seria amenaza para la paz y estabilidad social que tanto necesita nuestro país.
La impartición de justicia es un gran reto. La gran cantidad de conflictos sociales por resolver representan una problemática para los juzgados de todo el país porque se ven rebasados en sus cargas de trabajo, lo que tiene atrofiado al sistema judicial generando, entre otras cosas, dilación en el otorgamiento de la justicia pronta y expedita.
Existen indicadores que dicen que de todos los juicios en el país, 35% son de carácter familiar y otro 30% de naturaleza civil. Si aceptamos que la familia es la base de la sociedad, tantos conflictos y litigios nos indican que algo estamos haciendo mal.
Con la reforma en 2008 al artículo 17 de la Constitución se instituyó que: “Las leyes deberán prever mecanismos alternativos para la solución de controversias”. De tal suerte, que el Estado mexicano —en sus tres niveles: federal, local y municipal— tiene la obligación de ofrecer medios y servicios de justicia alternativa, como la mediación y el arbitraje.
La mediación es un proceso que da una solución positiva a los conflictos surgidos dentro de la sociedad. Es un medio que se caracteriza por ser voluntario y confidencial. En él, un tercero, llamado “mediador” ayuda a las personas en conflicto —de manera imparcial— para sostener una adecuada y empática comunicación, teniendo por objetivo la construcción de acuerdos, aceptados entre ambas partes y satisfactorios para todos.
A lo largo de la historia, la educación jurídica que imparten las escuelas y facultades de Derecho de nuestro país han apostado por forjar abogados con la idea de que deben saber combatir en los tribunales y promover un sinnúmero de juicios, para convertirse en litigantes exitosos.
La realidad social actual obliga a cambiar el paradigma y ahora las instituciones educativas deben forjar una nueva cultura educativa que deje atrás la formación de abogados litigantes y pleitistas, para dar lugar a abogados con espíritu mediador y conciliador.
Una de las grandes ventajas de la mediación es no confrontar ni crear desavenencias, sino dar cauce a la voluntad de las personas fomentando una cultura de resolución amigable. Se procura hacer posible que las partes, confrontadas en un momento, puedan volver a sentarse a la mesa para concertar y tratar de arreglar sus diferendos.
Lo anterior permite restablecer el tejido social, ahorrar tiempo y gastos a las partes en la solución de sus controversias; además de ahorros al Estado en vez de los largos procesos judiciales.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Facultad de Derecho de la UNAM recién inauguró su nueva Especialidad en Mediación y Medios Alternativos de Solución de Conflictos, que busca responder con eficacia a las exigencias jurídicas y sociales de la sociedad.
Nuestra máxima casa de estudios se pone a la vanguardia en la formación de juristas comprometidos con las grandes causas del país, que tengan siempre en mente que en el centro de todo conflicto, se encuentran los derechos de las personas y la sana convivencia social.
Como Corolario, las palabras del filósofo francés Albert Camus: “Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo”.
