20 de Enero de 2018
Uno de los principales problemas sociales que lastiman a la ciudadanía y que habrá de ser determinante a la hora de definir las elecciones que se verificarán en el próximo mes de julio, sin duda es la corrupción y los escándalos que de ella se desprenden dentro del servicio público.
El tema no es menor si recordamos que según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México ocupa el primer lugar entre los 34 países miembros en materia de corrupción. Los partidos políticos y candidatos están haciendo de este tema un argumento toral de ataque y descalificación a los adversarios y prometen abatirla y extirparla de raíz, sabedores de ser el gran cáncer que aqueja al país. El combate a la corrupción debe formar parte de todas las plataformas de los diferentes candidatos, sin embargo, esto debe hacerse con enorme responsabilidad para no mentir y confundir a la ciudadanía.
Las últimas reformas constitucionales han definido que este problema social debe ser enfrentado de manera integral y deje de ser potestativo y discrecional de quienes gobiernen el país. A partir de la Reforma Política de 1977 y de las disputadas elecciones de 1988, se han venido acotando las facultades legales y meta-constitucionales —como las denominaba Jorge Carpizo— del Presidente de la República, a través de la redistribución de competencias legales y la creación de órganos constitucionales autónomos.
La Constitución vigente ha encomendado a dos instituciones a prevenir y perseguir este problema: la Fiscalía General —en su carácter de órgano constitucional autónomo— y al Sistema Nacional Anticorrupción. Esto quiere decir, que por mandato legal supremo, enfrentar este problema dejó de ser privativo del Poder Ejecutivo, para pasar a ser una responsabilidad fundamental de ambos organismos.
Sin embargo, estas dos figuras que habrán de ser de suma importancia para enfrentar esta terrible práctica que aqueja al país no han podido entrar en función por la falta de acuerdos entre los Partidos Políticos y sus legisladores, quienes han obstaculizado la creación de normas reglamentarias, así como los nombramientos de magistrados y de los dos fiscales que integran a ambas instituciones.
De tal suerte que, afir mar que el próximo Presidente de la República erradicará con su sola voluntad este mal, es no sólo irresponsable, sino una mentira al electorado. La academia y la ciudadanía deben elevar su nivel de exigencia hacia los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión para que acaten las obligaciones que ellos mismos legislaron —y que han incumplido ya por varios años— para que se puedan instalar de forma plena estas dos instancias de gobierno creadas en la Constitución, en lugar de sólo lucrar con el tema como arma de propaganda electoral. Nuestra Carta Magna le ha quitado facultades legales al Presidente de la República para que el combate a la corrupción deje de
ser una potestad discrecional suya y se lo ha encomendado a dos instituciones diseña-
das con características técnicas dotadas de fuerza y autonomía, al margen de injerencias e intereses políticos.
El combate a la corrupción y a la impunidad es indispensable para alcanzar una vida democrática plena. Debemos exigir mayor responsabilidad a los partidos políticos.
Como Corolario, una frase que solía repetir el jurista potosino, Don Antonio Rocha Cordero: “Para gobernar bien, hay que primero gobernar al gobierno”.
Referencial del articulo http://www.excelsior.com.mx/opinion/raul-contreras-bustamante/2018/01/20/1214861
